La sucesión al trono británico ha seguido hasta hace muy pocas fechas las reglas de la primogenitura con preferencia del varón sobre la mujer. En otras palabras, los varones habidos en legítimo matrimonio de un individuo se prefieren sobre sus hijas, y se prefiere a uno de más edad frente al más joven del mismo sexo.
La sucesión en el Reino Unido ha venido regulándose hasta ahora por el Acta de Unión (1800), que restablece las previsiones del Acta de Establecimiento de 1701 y la Declaración de derechos (Bill of Rights, 1689).
Las reglas de la primogenitura se aplican, pero los que no sean descendientes legítimos de Sofía, Electora de Hannover, aquellos que hayan sido alguna vez católicos, o que se hayan casado con católicos, resultan eliminados en la línea de sucesión a la Corona.
Los primeros cuatro individuos (de 21 años de edad o mayores) en la línea de sucesión, así como el consorte del soberano, pueden ser nombrados Consejeros de Estado. Los consejeros de estado son individuos que desempeñan algunos de los deberes del soberano mientras él o ella se encuentran fuera de la nación o temporalmente incapacitados. Fuera de ello, los individuos en la línea de sucesión no necesitan tener unos deberes legales u oficiales específicos (aunque los miembros de la Familia Real Británica a menudo los tienen).
Bajo las circunstancias por las que la monarquía es compartida por los 16 países de la Commonwealth, la línea británica de sucesión está separada de, pero es simétrica a, las líneas de sucesión en los otros 15 países, a menos que la constitución del reino específicamente se remita a las reglas de sucesión al Reino Unido.
Todas estas normas funcionaban de la forma y modo descritos hasta que el día 28 del presente mes de octubre de 2011, los 16 países miembros de la Commonwealth que tienen a la Reina de Inglaterra como soberana aprobaron la propuesta del primer ministro británico, David Cameron, de eliminar la preferencia masculina en el acceso al Trono. La histórica reforma constitucional, que requiere todavía un largo camino legislativo, pondrá fin a 300 años de discriminación de las hijas de reyes, que debían ceder el paso en la línea sucesoria a sus hermanos pequeños. La monarquía británica se une así a las de Suecia, Holanda o Bélgica en adaptar las normas dinásticas a los principios igualitarios de su época, y deja a la Familia Real Española pendiente de que el Parlamento que surja de las urnas el próximo 20 de noviembre decida abordar la cuestión.
Cameron envió una carta hace unas semanas a sus homólogos en los otros 15 estados de la Commonwealth que tienen a Isabel II como jefa de Estado. Los llamados «reinos» incluyen a Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de varias islas y pequeñas naciones como Barbados o Jamaica. Su propuesta de reforma llegaba el 28 de octubre a la cumbre de esta comunidad de ex colonias británicas, celebrada en Perth (Australia), después de más de diez intentos previos en las últimas décadas, todos ellos infructuosos, por lo complejo de la ingeniería constitucional que implica modificar leyes como la Carta de Derechos de 1689, la Ley de Instauración de 1701 o la Ley de Matrimonios Reales de 1772.
Pero Cameron lo tenía claro, y le ha beneficiado el clima de simpatía hacia los Windsor que generó la boda de los Duques de Cambridge.
«La idea de que un hijo menor se convierta en Rey en vez de una hija de más edad solo por el hecho de ser un hombre ya no es aceptable. Dicho de forma más simple, si los Duques de Cambridge tienen una niña, esa niña será algún día nuestra Reina», dijo el Premier Cameron.
La anfitriona de la cumbre, la primera ministra australiana Julia Gillard, se mostró «entusiasmada» ante la decisión. Gillard es además la primera mujer en dirigir el gobierno de su país. La reunión coincide con la decimosexta visita de Isabel II a Australia, un país en el que siempre ha estado vivo el debate sobre el modelo de Estado. Hace doce años, los australianos rechazaron en referéndum convertirse en una república, y los sondeos más recientes indican una sólida mayoría de un 55% a favor de la monarquía. Un 34% de los australianos se declara republicano. Un porcentaje que, en Reino Unido, baja hasta el 20%, según sondeos de la empresa Yougov.
Isabel II, de 85 años, celebrará el año que viene sus «bodas de diamante» con el 60 aniversario de su llegada al Trono. De niña, la actual soberana era, como nieta de Jorge V, la tercera en la línea sucesoria, después de su tío Eduardo —que reinaría como Eduardo VIII durante menos de un año, antes de abdicar para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada— y de su padre, Jorge VI. A la muerte de este en 1952, la entonces Princesa heredera le sucedió, al ser la mayor de las dos únicas hijas que tuvo el Monarca, Isabel y Margarita.
La reforma aprobada se aplicará solo a partir de los descendientes del actual Príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, y no alterará de forma retroactiva a los herederos de Isabel II, que siguen siendo, en este orden: el Príncipe de Gales, sus hijos, Guillermo y Enrique, el Príncipe Andrés (hijo menor de Isabel II), seguido de sus hijas, las Princesas Beatriz y Eugenia.
Esta histórica modificación de las normas dinásticas cuenta, al parecer, con la aprobación de la actual soberana. Ahora, un grupo de trabajo encabezado por Nueva Zelanda ultimará los detalles técnicos y jurídicos para llevarla a cabo.
Además de terminar con la discriminación por género, la reforma pondrá fin a la norma que impedía el acceso al Trono de alguien casado con un católico. La Ley de Instauración de 1701 fue adoptada para asegurar que un protestante heredase la Corona tras la huida de Jacobo II, católico, a Francia tras la Revolución Gloriosa. Desde entonces, un heredero con aspiraciones de reinar puede casarse con un judío, un musulmán o un zoroastriano, pero no con un católico. El rey o reina de Inglaterra es además cabeza simbólica de la Iglesia de Inglaterra. Hasta 1832, de hecho, los católicos no podían ser elegidos como diputados. Más de un 70% de los británicos defiende también esta modificación, según Yougov. El primer ministro, David Cameron, explicaba ayer así un sentir que, según las encuestas de opinión, comparten la mayoría de sus compatriotas: «Las actitudes han cambiado de forma fundamental en estos siglos, y algunas normas antiguas, como algunas de las que regulan la sucesión, ya no tienen sentido para nosotros».
